INE propone sanción a partidos

Derivado de las omisiones e irregularidades encontradas en la fiscalización de los informes presentados por los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conocerá y, en su caso aprobará, sanciones por 142 millones de pesos para los comités ejecutivos nacionales, 369 millones de pesos para sus representaciones estatales y 9 millones para las representaciones políticas con registro local, que suman 520 millones de pesos.

Bajo criterios, métodos y procedimientos de auditoría homogéneos, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del INE, revisaron 12 mil 9 millones de pesos por concepto de ingresos y 11 mil 161 millones de egresos que las fuerzas políticas nacionales registraron en este periodo.

Las omisiones e irregularidades encontradas en la fiscalización de los informes presentados por los institutos políticos durante el ejercicio 2015, serán conocidas por el pleno del Consejo General del INE en su sesión del próximo 14 de diciembre.

La Comisión de Fiscalización del Instituto, en sesión permanente llevada a cabo los días 21, 22 y 28 de noviembre, discutió y aprobó los dictámenes y sus resoluciones, tanto de los partidos políticos nacionales y acreditados en las entidades federativas, como de los partidos políticos con registro local.

Durante el periodo de análisis a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización fueron revisados 360 informes anuales, de los cuales 329 corresponden a los comités ejecutivos nacionales y estatales de los partidos políticos con registro nacional y 31 a los partidos políticos con registro local en 16 entidades federativas.

Los dictámenes contienen 3 mil 910 conclusiones respecto a cuentas de balance, ingresos, egresos, actividades específicas y liderazgo político de las mujeres, comités directivos estatales o su equivalente, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, verificación de límites de aportaciones, entre otros conceptos.

La fiscalización responde a la necesidad de adecuar los estándares de revisión y los criterios de sanción que involucran cada peso empleado por los institutos políticos, para cumplir con los fines constitucionales que tienen encomendados.