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Consenso para salir de la crisis
  
AGO
01
2020
Teodoro Barajas Morelia, Mich. Desde hace mucho tiempo la violencia parida por la inseguridad sentó sus reales en nuestro país, invadió territorios y sembró terror sin descanso, aguijoneó la certidumbre para desparramar zozobra que no se va.
Recientemente un grupo de la delincuencia organizada publicitó un video para mostrar el músculo en un momento complejo en medio de una pandemia que cobra más vidas, además de la polarización que sube su volumen, también es un lapso temporal en el que se registran escándalos políticos.
Inseguridad e impunidad aunado a la corrupción han mostrado una realidad que pareciera un relato posmoderno, una novela que cuenta historias paralelas de la destrucción.
Recordemos a Max Weber cuando habla de la legitimidad y del monopolio de la violencia que debe detentar el estado como demostración de la legalidad porque de lo contrario el tejido social se pulverizará, éste puede convertirse en arenas movedizas para presagiar el hundimiento.
Se trata de una prioridad para el estado mexicano, y el gobierno es componente esencial del mismo, en administraciones anteriores no se logró abatir la violencia, muchas historias describen puntualmente el rastro que dejó la ineptitud salpicada de corrupción, algunos voceros de aquellos tiempos critican y señalan con dedo flamígero aunque carentes de memoria.
El debate no debe estar en discutir si el video del grupo delincuencial fue montaje o no, el asunto es que se trata de un desafío al gobierno legalmente constituido y el marco legal es claro, se deben perseguir los delitos y a quienes infrinjan la norma. No es un asunto opcional, es un imperativo.
Con el avance de la pandemia que cobra más víctimas mortales así como una cantidad exponencial de contagios, se agrega el problema cada vez más serio de la violencia cotidiana, nada parece frenarla, las historias cotidianas se desbordan para provocar pánico con un sentimiento de temor mezclado con una pesada angustia.
Aún se recuerda la guerra contra el narcotráfico de la administración de Felipe Calderón Hinojosa que no cambió el curso de las cosas porque el crimen prevaleció ese sexenio, Enrique Peña Nieto no resolvió el problema, en cambio dejó un pesado lastre en materia de corruptelas.
En la actualidad la situación es complicada, algunas entidades del país sufren los estragos producidos por el crimen, Guanajuato es una entidad que describe la medida del horror, como antes lo han sufrido otras entidades federativas tan erosionadas por la violencia.
Mientras otros expedientes serán escrutados, como lo representa Emilio Lozoya rodeado de la polémica y que ha dejado en suspenso los nombres de quienes pueden ser implicados en manejos irregulares que invocan corrupción en un nivel ostentoso.
Las autoridades correspondientes habrán de emitir la información, más allá de trascendidos o rumores esparcidos a través de filtraciones. No obstante, la inseguridad continúa, la pérdida de vidas se incrementa y nuestro país en ocasiones semeja un enorme camposanto en el que los motivos fúnebres no dejan de aparecer todos los días.
La nueva normalidad es sufrible, los signos que la definen impactan la convivencia social en medio del caos.





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