La sin razón de un bloqueo

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Año nuevo y proceso electoral
  
NOV
30
2020
Jaime Martínez Ochoa Morelia, Mich. Es bien sabido que cuando un ciudadano o algún grupo social sufre un atropello, tiene derecho a defenderse. Para eso hay instancias y si éstas no actúan con prontitud o hacen oídos sordos, entonces los espacios públicos deben servir para que las voces inconformes se hagan escuchar.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la protesta se desvirtúa y en lugar de reivindicar un derecho pisoteado, se convierte en un movimiento que busca defender intereses y privilegios de grupo?, ¿y qué ocurre cuando esa misma protesta se realiza lesionando derechos de terceros? En este caso todo movimiento social pierde su legitimidad y se convierte en un acto vandálico, en el que lo que prevalece es la sinrazón.

Esto es lo que, palabras más, palabras menos, ocurre con el bloqueo que un sector del magisterio democrático mantiene en al menos tres tramos ferroviarios de Michoacán, el cual tiene más de 50 días. Se trata de una práctica recurrente de los maestros, para quienes los intereses de grupo, es decir sus privilegios, están por encima de los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Bajo la lógica de que sólo son válidos sus argumentos, los maestros no han tenido empacho en recurrir a esta forma de violencia que contradice los valores democráticos de un estado que, después de la negra pesadilla que se vivió en años pasados, intenta encontrar una vía institucional para resolver los problemas.

Es verdad, todo grupo social que sienta que sus valores han sido ninguneados por un poder insensible o indiferente al reclamo social tiene derecho a expresar su inconformidad, pero cuando lo hace sin clarificar sus demandas o incurriendo en delitos, atropella ese mismo mecanismo de defensa. Sobre todo cuando esta lucha no tiene las simpatías de la mayoría de los ciudadanos, quienes ni siquiera conocen en qué sentido van esas demandas.

En el caso del magisterio, este bloqueo resulta absurdo y sin razón de ser, pues de ninguna manera se puede explicar que una protesta de grupo, con intereses focalizados, se convierta en un perjuicio generalizado a todo un sector económico que, además, tiene que lidiar con la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Al respecto, una encuesta de la empresa Blitz señala que 8 de cada 10 michoacanos están al tanto de la situación, pero ninguno sabe cuál es el motivo real. En el mismo sentido 83 por ciento considera que este bloqueo afecta al estado y 67.88 opina que el gobierno federal debe intervenir. La mitad de los encuestados se mostraron de acuerdo con la idea de que los manifestantes sean retirados incluso con el uso de la fuerza. En cambio, solo el 28% están a favor de que la manifestación continúe.

De acuerdo con las cifras, 60% considera que en caso de haber enfrentamientos la culpa sería de los manifestantes; en cambio, menos del 10% responsabilizaría al gobierno federal o estatal. Pero en esta encuesta hay algo que llama la atención: más de la mitad de los encuestados sugiere que los manifestantes deberían estar más abiertos al diálogo, y casi el 30% señala que el gobierno estatal no ha promovido dicho acercamiento con ellos.

Como sea, es un hecho que este bloqueo ya se ha extendido más de la cuenta, causando un perjuicio económico y social que a estas alturas resulta incuantificable. Los maestros deben deponer su protesta y recurrir al diálogo para arreglar su conflicto, pues eternizar esta forma de protesta solo lesionará más su causa, profundizando de paso el quebranto económico del estado.


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