| JUN 142017 No se puede comprar la gobernabilidad a costa del sacrificio de las garantías individuales, ni se puede promover desde el gobierno la división social, en ambos casos se falta a las responsabilidades éticas y se comete perjurio. Es necesario evitar jurar en falso y no quebrantar la fe jurada, la sociedad necesita de la luz en sus gobernantes. Cuando se jura guardar y hacer guardar la ley, lo menos que los ciudadanos esperamos es que así se haga para evitar demandar la falla del funcionario público en caso de suceder, el mismo marco de un acto tan solemne nos proporciona la energía y la fuerza para reclamar faltas, sesgos o incumplimientos al marco normativo de nuestra sociedad. La Secretaría de Educación en el Estado mantiene a modo cierto estatus para que sea aprovechado por quienes son partidarios de implementar la subcultura del chantaje y promueven el abandono escolar como si fuera poco el deterioro que se vive en este rubro del gobierno, ambos atentan contra el empleo como si éste fuera inmune y nunca se fuera a terminar. La educación pública en el estado de Michoacán es una de las más vulnerables de la República Mexicana, el 23.4% de educación privada contra el 8% en promedio de la media nacional no es una cosa menor, aspecto que no parece importarle a la autoridad educativa ni a quienes medran con la educación en nuestra entidad, se ha perdido el rumbo sin saber cómo ni cuándo. Poco se habla de educación y poco se hace desde el gobierno para fortalecerla. Dejar de pagarle a los maestros lo que por ley les corresponde incuba desencanto y aleja el compromiso institucional, y aún sabiéndolo, lo hacen una y otra vez, como si desde el gobierno se promoviera la anarquía y la falta de compromiso, ese maridaje perverso donde a valores entendidos grupos radicales y gobierno se regresan mutuamente el favor está terminando con la fe y las esperanzas de todo un pueblo trabajador que ha confiado por décadas en la aplicación de la ley para la conservación del orden y de la paz social. Las reformas constitucionales que debieron terminar con la corrupción en la asignación de plazas, en Michoacán son tema a negociar que dejan la puerta entreabierta al tráfico por encima de la ley, asignaciones directas en beneficio de un esquema caduco que se niega a morir en perjuicio del mérito, la preparación profesional y el esfuerzo de quienes deben ingresar al servicio docente respetando el nuevo marco legal. La ley es clara en cuanto a las facultades que le otorga a la autoridad local para cubrir las vacantes en el servicio al agotarse el personal idóneo en lista de prelación, debe hacerse a través de un contrato temporal pero no de manera arbitraria, y menos como producto del ejercicio del chantaje y la negociación "bajo la mesa". Antes de llegar a este punto debe quedar en orden la adscripción y la asignación correcta de claves y pagos de quienes han resultado idóneos en los concursos que se han realizado, en los contratos temporales deben ser considerados quienes ya fueron a presentar el examen de oposición y que por alguna razón no resultaron idóneos, tienen más méritos y más derecho que quienes se han negado a presentarse al examen para ingresar al servicio. Utilizar la ley como moneda de cambio en la solución de conflictos tiene efectos reversibles de consecuencias incalculables. |