Sin medidas exitosas que pongan freno a la pérdida de áreas boscosas, ocasionada por los incendios forestales, el 2026 ya pinta como otro año negro para la ecología michoacana. La estadística indica que más del % 50 de las áreas afectadas terminan con cambio de uso de suelo, preferentemente aguacate.
En los últimos 10 años, conforme a los datos disponibles, el estado ha perdido alrededor de 350 mil hectáreas de bosque, es decir un promedio de 35 mil hectáreas anuales; un promedio que por cierto se ha mantenido estable, como si fuera una maldición. El año pasado, el 2025, fue la excepción, entonces se perdieron 45 mil hectáreas.
Ya es un dato costumbrista confirmar que del total de los incendios el % 41 es provocado por los grupos criminales, quienes usan el fuego como instrumento calculado para la expansión de los cultivos sobre los cuales tienen interés, asegurando así el cambio de uso de suelo y obteniendo la ganancia estratégica del control territorial.
Michoacán se ubica en el penoso segundo lugar nacional de hectáreas de bosque consumidas por el fuego. Son predios que en su mayoría terminan con cambio de uso de suelo, perdiéndose de manera irreparable vegetación y fauna y agudizando los desequilibrios hídricos.
Los reportes de inseguridad de los brigadistas antiincendios, acosados por la delincuencia organizada, son cada día más frecuentes debido a la presencia extendida de estos grupos en zonas forestales. Este fenómeno es el resultado de la pérdida del control territorial por parte de los tres niveles de gobierno, que han venido retrocediendo en los últimos años.
El gigantesco incendio ocurrido la semana pasada en el oriente de Madero, que involucró a comunidades como el Ranchito, Piedras de Lumbre, Parritas y el Aguacate, entre otras, en las inmediaciones del Capulín, dejó cientos de hectáreas afectadas. No fue un incendio accidental. De manera clara y ostensible, y esto lo sabe la autoridad, fue ocasionado por el grupo delincuencial que opera en esa zona, que se extiende al sur de Morelia y al poniente de Tzitzio.
El evento ecocida tiene un contexto. El domingo 22 de marzo se realizó en esa zona un poderoso operativo del Plan Michoacán en el que participaron el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado, deteniendo a cinco personas. Ahí confiscaron herramientas como motosierras que venían siendo utilizadas para talar ilegalmente una parte importante de la sierra desde hacía algunos meses.
La tala ilegal operada por el grupo delincuencial había tomado por la fuerza los predios que se le antojaron para extraer la madera y venderla en aserraderos del sur de Morelia y de Ciudad Hidalgo. Fue a esos predios a los que les prendieron lumbre la tarde del martes 24, como venganza por el operativo. Lo hicieron simultáneamente en al menos tres puntos, e incluso cuando el fuego devoraba los pinos el crimen reiteró la orden para que ampliaran el área del incendio poniendo en riesgo la vida de los brigadistas.
Los predios boscosos quemados no tenían reporte de incendio en al menos 50 años, y la hojarasca acumulada sobre el suelo, llegaba en algunos lugares hasta los 40 centímetros, razón por la cual el fuego tomó fuerza dantesca y estuvo fuera de control. Estos bosques habían servido como fuente de empleo para que los pobladores de la zona tuvieran ingresos a través de la colecta de resina. Todo eso se acabó.
Esta devastación ecológica, provocada por la delincuencia en estas poblaciones, se suma a la otra devastación, la devastación humana. Ahí el crimen, ha usado violencia inaudita para someter a los pobladores, ha asesinado, mutilado, levantado y extorsionado a miembros de las familias para someter a los habitantes, cosa que ha logrado en una parte y a la otra la ha desplazado.
El miedo de los pobladores y de los desplazados para denunciar es comprensible porque en la zona no existe ninguna fuerza policial o militar permanente que garantice los derechos, los territorios y la vida de las personas que aún permanecen. El gobierno municipal de Madero allá es inexistente desde que tomó posesión, y de ello hay confesión de parte. Vaya, allá no hay gobierno, pero la falta de denuncias no debe tomarse como argumento de la inexistencia del problema. Tan es así que el devastador incendió lo provocó el crimen como medio de castigo y de sometimiento, y eso lo sabe a la perfección y lo dice en voz baja la población de esas comunidades.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia también debería incluir en sus propuestas de paz y justicia la problemática de esta zona, y poner ahí a prueba la eficacia de su diseño, y llevarles los servicios de derechos humanos y justicia social, laboral, de salud, educación, cultura y ambiental que los pobladores necesitan para que su vida pueda ser, los desplazados retornen y para que la delincuencia sea acotada y llevada ante la ley.