Ante fenómenos como el autogobierno indígena y comunitario, que se ha impulsado en Michoacán durante los años recientes, es necesario replantear los modelos tradicionales de la justicia; en especial, la de carácter administrativo, cuyo ejercicio "ya enfrenta asuntos que no encajan plenamente en las categorías habituales".

Así lo planteó la magistrada Azucena Marín Correa, titular de la Quinta Sala del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), durante una conferencia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia.

Ahí, frente al alumnado, la magistrada habló sobre cómo el Estado, antes considerado "el único productor legítimo de normas jurídicas, autoridades y mecanismos válidos de resolución de conflictos", ha dejado de serlo en la modernidad, al coexistir con "formas normativas y organizativas comunitarias que reclaman hoy un reconocimiento jurídico pleno".

Indicó la magistrada: Esto se plantea específicamente en cuanto a la figura de los autogobiernos; sin minimizar la premisa anterior de que la legalidad existía en tanto era producida por los entes del Estado, en la actualidad, las comunidades han creado "estructuras de decisión y administración cuya legitimidad no deriva únicamente de la norma estatal, sino también de sistemas normativos internos".

De ahí que, añadió, valga preguntarse "si el derecho, y en específico el derecho administrativo, ¿puede seguir funcionando sólo con base en categorías construidas para estructuras burocráticas verticales?".

En Michoacán, los autogobiernos se han convertido "en auténticos procesos de reorganización institucional" que, digamos, han obligado a reconocer cierto pluralismo jurídico que, hoy, "permite coexistir a diversos sistemas normativos dentro de un mismo marco constitucional; eso sí, siempre y cuando resulten compatibles con los derechos humanos y el orden democrático de la Carta Magna", planteó la también presidenta del Comité de Ética del TAAM.

Ahora bien, en materia de justicia y derecho administrativo, este escenario deriva problemáticas "que debemos responder: la naturaleza jurídica de las autoridades comunitarias, el control jurisdiccional de los actos no tradicionales o bien: los límites entre la autodeterminación y el control de legalidad", refirió.

Y, afirmó, "no se trata de abandonar el derecho administrativo -y su implementación en sede jurisdiccional- frente a los nuevos modelos, sino de reinterpretarlo frente a las nuevas realidades constitucionales. Caso contrario, podríamos generar riesgos para la garantía de los derechos fundamentales y el acceso efectivo a la justicia", concluyó.