Luego de las investigaciones sobre el asesinato del alcalde Carlos Manzo, autoridades confirmaron que algunos de los presuntos implicados habrían sido reclutados desde un centro de rehabilitación, lo que encendió alertas sobre la operación de estos espacios en Michoacán.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que la mayoría de los centros de rehabilitación en el estado operan fuera de la legalidad o sin permisos, "esta situación facilita prácticas irregulares como las detectadas en este caso. La Fiscalía ha informado que parte de los involucrados estuvieron internados en uno de estos centros, lo que obliga a reforzar la supervisión y regulación" manifestó.

Zepeda anunció que, como parte del Plan Michoacán por la Paz, se llevará a cabo una revisión integral de los centros que funcionan en la entidad, en coordinación con el Gobierno Federal. Afirmó "más de la mitad de estos establecimientos carecen de permisos, por lo que el objetivo será garantizar que operen conforme a la normatividad y en condiciones adecuadas".

El secretario subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para cerrar espacios de riesgo y atender factores que contribuyen a la violencia en el estado.