| MAY 042025 A través del sistema Guardian Forestal, que se ha convertido en una herramienta muy efectiva para ver y conocer lo que pasa en nuestro territorio, se conoce que en la presente temporada de estiaje al menos 20 619 están activas, es decir, se están llevando el agua de los escurrimientos, riachuelos, ríos, lagunas y pozos, para dedicarla al riego. Esta cifra portentosa de estructuras captadoras de agua podría ser útil para el desarrollo económico de Michoacán si su existencia estuviera sustentada en la legalidad. No es así, la inmensa mayoría fueron construidas contraviniendo los principios constitucionales de la sostenibilidad, que busca el equilibrio entre ecología, economía y sociedad. La primera ley que transgreden es ni más ni menos que a la Constitución en sus artículos 4 y 27. Quienes las hacen y usan así las aguas violan el derecho humano a ella y pasan por encima del imperativo de que las aguas son nacionales. Tal vez no fuera tan grave si la disponibilidad del elemento fuera tan abundante que su uso ilegal no afectara a rancherías, pueblos y ciudades, como tampoco dañara a los ecosistemas que obligadamente la necesitan para existir o pusiera en riesgo el futuro de todos. Pero, no es así, el robo de agua (huachicoleo, como se le conoce) se ha convertido en un grave problema socio ambiental que alimenta la espiral progresiva del Cambio Climático. En las causas del deterioro de nuestros cuerpos de agua, ríos, lagos y estrés de ecosistemas, no solo se encuentra el fenómeno del Cambio Climático, también está de manera notoria, la privatización o robo de las aguas. La inmensa cantidad de hoyas huachicoleras, con sus respectivas bombas extractoras, puede ser sentida con evidente descontento en la temporada seca pues queda en evidencia que los dueños reales del agua son entidades privadas que afectan a la mayoría de la población. Durante el estiaje más del 90 % del agua en la zona aguacatera y frutillera es por completo privada. Las hoyas ilegales vienen construyéndose por lo menos desde hace 30 año y no cuentan con estudios de impacto ambiental, tampoco autorización de cambio de uso de suelo, no tienen autorización de usos de agua ni tampoco las estructuras tienen la aprobación de las oficinas de Protección Civil. ¡Delito tras delito! A pesar de la advertencia que cada año se lanza por las sequías y la emergencia de conflictos sociales ni el gobierno federal o estatal ni los legislativos han querido legislar al respecto. Han tenido 30 años y hasta ahora ninguno quiere importunar a quienes hacen dinero a costa de privatizar las aguas, afectar los ecosistemas y dañar a la población. ¿Será porque, como bien se sabe, muchos políticos son poseedores de sistemas productivos que se abastecen de hoyas ilegales y forman parte de la cadena de suministros para este negocio? Es decir, construyen hoyas, tiene huertas con cambio de uso de suelo, proveen agroquímicos y huachicolean el agua. Por lo menos las 20 619 hoyas, identificadas por el gobierno, que están activas robando aguas nacionales deberían ser intervenidas conforme a las leyes. Tienen facultades para hacerlo Conagua, Profepa, Secma, Proam y los gobiernos municipales. Pero, no solo para colocarles una lona de clausura sino para que el agua que contienen siga corriendo y llegue a los pueblos y a los ecosistemas. Esa agua es vital para mitigar el estrés hídrico que comienza a sentirse. Tienen, y las instituciones lo saben, como respaldo, el Plan Nacional Hídrico del gobierno de la república que en su cuatro ejes indica: política hídrica y soberanía nacional, justicia y acceso al agua, mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, y, gestión integral y transparente. La urgencia de contenidos legales que regulen estas estructuras no puede seguir posponiéndose más que a costa de la injusticia y la tragedia ambiental, ya que su construcción sigue imparable, como si el agua fuera infinita. El rezago en infraestructura pública para almacenar y administrar el agua en Michoacán se ha convertido en el principal impulsor de las construcciones privadas ilegales que han venido a llenar el vacío existente. El Estado tiene la rectoría de la política hídrica, es obligación entonces de las instituciones aplicarla y garantizar la Justicia Hídrica y ello implica realizar las inversiones necesarias en represas públicas, que bien planeadas, atiendan las necesidades del desarrollo humano y económico presente y futuro sin dañar los equilibrios ecológico-sociales. |
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