| ENE 062026 Desde el discurso oficial se repite hasta el cansancio que hoy existe una libertad de expresión "como nunca antes". Sin embargo, basta observar el trato cotidiano hacia periodistas, medios y analistas críticos para advertir la profunda contradicción entre el relato y la realidad. La crítica no se debate, se descalifica; no se responde con argumentos, se etiqueta; no se tolera, se castiga. Las conferencias matutinas desde la presidencia en esta 4T han transformado en una auténtica tribuna de linchamiento (¿Cuanto gana Loret?). Desde ahí se exhibe a periodistas por nombre y apellido, se les acusa de mentir, de servir a intereses oscuros o de ser enemigos del "pueblo bueno". No es información, es escarnio. No es rendición de cuentas, es intimidación. Y cuando el señalamiento viene desde la máxima autoridad del país, las consecuencias son inevitables: linchamiento digital, amenazas, descrédito profesional y presión directa sobre los medios que les dan espacio. La censura moderna ya no necesita cerrar periódicos ni prohibir transmisiones. Le basta con crear un clima de miedo. Muchos medios, presionados económicamente y dependientes de la publicidad oficial, optan por la obediencia editorial. Otros simplemente sacrifican a los periodistas incómodos para evitar problemas mayores. Despidos "administrativos", cambios de línea editorial, desaparición de columnas críticas: la censura avanza sin necesidad de órdenes formales. El hostigamiento laboral se ha vuelto una herramienta eficaz. Periodistas que cuestionan decisiones gubernamentales pierden espacios, son marginados o despedidos. El mensaje es inequívoco: quien incomoda estorba, y quien estorba se va. Así, el control de la narrativa se logra no mediante la fuerza bruta, sino mediante la fragilidad económica y la presión política. A esto se suma el uso selectivo del aparato del Estado. Auditorías, investigaciones fiscales, cancelación de contratos, retiro de convenios publicitarios. Todo legal en apariencia, todo oportuno en el momento preciso. No se persigue la ilegalidad; se castiga la disidencia. El poder no necesita demostrar culpabilidad: le basta con desgastar, intimidar y advertir. Resulta especialmente grave que este clima de intolerancia se dé en un país donde ejercer el periodismo ya es, de por sí, una actividad de alto riesgo. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para los comunicadores, y lejos de ofrecer protección, el discurso oficial contribuye a su vulnerabilidad. Cuando desde el poder se estigmatiza a la prensa, se legitima indirectamente la violencia contra ella. La 4T , en un alarde de cinismo, se presenta como un movimiento moralmente superior, depositario de la verdad histórica y del bien común. En esa lógica maniquea, no hay espacio para el disenso: quien critica no cuestiona políticas, traiciona al proyecto. Así, la pluralidad se convierte en sospecha y la libertad en concesión. El resultado es una sociedad que aprende a callar. Periodistas que eligen temas seguros, académicos que miden sus palabras, ciudadanos que prefieren no opinar. El silencio no se impone por decreto; se interioriza por mera supervivencia. Y cuando eso ocurre, la democracia empieza a vaciarse por dentro. Porque un país donde el poder no tolera la crítica es un país que teme a la verdad. Y un gobierno que necesita el silencio para sostenerse demuestra, con ello, la fragilidad de su legitimidad. La censura puede no estar escrita en la ley, pero cuando se vuelve práctica cotidiana, deja de ser excepción y se convierte en una dura realidad. Alejandro Vázquez Cárdenas |
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