NOV 062017 En ese sentir, la funcionaria estatal destacó que para el Gobernador Silvano Aureoles Conejo es una prioridad atender a los pensionados y jubilados, ya que es un tema de justicia social, por lo que se trabaja para garantizar y dar certeza en sus prestaciones. Desde el inicio de este gobierno, indicó que la dependencia a su cargo realizó los procedimientos correspondientes derivado de los adeudos que se reportaron en pensiones, procesos que dijo llevan su curso y deslindarán responsabilidades. Ante esto, Estrada Esquivel manifestó que es necesario que quien haya cometido la malversación de recursos responda ante las instancias correspondientes, puesto que desde la Secretaría de Contraloría, en éste y otros procedimientos, la prioridad es combatir la corrupción, fomentar la transparencia y rendición de cuentas. Así también, "el abonar a que el ejercicio del gasto público en Michoacán sea equilibrado, equitativo, ordenado y que atienda las necesidades prioritarias de la entidad de manera transparente y pulcra y que los recursos se ejerzan en los rubros para los que han sido destinados", manifestó. Por lo que, la secretaria aseguró que desde la dependencia a su cargo, en lo que le corresponde, realiza seguimiento a los procedimientos que competen por ley, para determinar responsabilidad a los anteriores ex servidores públicos por las retenciones de todos los trabajadores y el adeudo que se dejó, con el único fin de cumplir con la normatividad y sobretodo, garantizar y dar respuesta a la sociedad y clase trabajadora. "La actual administración ha cumplido en tiempo y forma en el pago al Fondo de Pensiones", reiteró la titular del Órgano Estatal de Control, al subrayar que el Gobierno del Estado abonó 150 millones de pesos a la deuda que anteriores administraciones generaron, dado que se dejó de depositar durante los años 2013, 2014 y entre enero y septiembre de 2015. Ante esto, conminó a los inconformes a continuar privilegiando el diálogo para la búsqueda de soluciones a las demandas laborales y a encauzar sus actividades sin afectar los servicios que se prestan a la ciudadanía. Finalmente, refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo de investigar a fondo el destino de los recursos y transparentarlos y actuar conforme a la ley contra los responsables. |
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