
AGO 232013 La nueva propuesta para crear una Ciudad Administrativa en la antigua Central de Autobuses de Morelia, en donde hoy se encuentra un estacionamiento, debe cruzar por un estudio que indique a la ciudadanía cuánto le costaría el nuevo proyecto, someterlo a consideración de empresas distintas a manera de licitación, y sobre todo, realizarlo de forma "que deje de ser una carga para los fondos públicos municipales y redunde en algún beneficio para los Morelianos", al recordar que el actual estacionamiento le ha costado a la ciudadanía casi 53 millones de pesos en tres años para su manutención. Lo anterior surgió de Miguel Ángel Villegas Soto, regidor en el Ayuntamiento de Morelia, cuando se refirió a la propuesta hecha por la empresa Unión Presforzadora S.A. de C.V. actual concesionaria del estacionamiento, sobre construir la Ciudad Administrativa y con el antecedente de contar con un contrato ventajoso para ella en detrimento de las finanzas municipales, de las que obtiene sumas millonarias cada año como garantía por no contar con la clientela suficiente en ese espacio. Villegas Soto refirió que "el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, conoce muy bien este tema y debe dar una explicación, ya que en el 2004 siendo Secretario del Ayuntamiento, firmo las actas de cabildo S.E. 05/03 y S.E. 12/04, en las cuales se autoriza la construcción, operación y explotación del estacionamiento y complejo comercial, y se otorga la concesión por adjudicación directa la empresa Unión Presforzadora S.A. de C.V.". Explicó que durante tres años se ha pagado a la empresa, con dinero municipal, la cantidad de 52 millones 777 mil pesos, "y según el título de concesión podrían ser 263 millones 885 mil pesos, o más", cantidad que pudo ser invertida en obra pública y social más redituable, como "la reparación de vialidades, creación de empleos, o bien se podría apoyar en la alimentación de 860 mil familias que están pasando hambre en estos momentos". Miguel Ángel Villegas subrayó que en su papel de Regidor solicitará la transparencia en la nueva propuesta con la intención de garantizar la mayor ventaja posible para la población y no para una empresa que carga con sospechas sobre las ventajas obtenidas a costa del erario. "Mi papel es el de proteger los intereses de la ciudadanía, y con este tipo de decisiones ventajosas para una minoría se provocan distorsiones sociales y políticas que nos han llevado a los niveles de desempleo e inseguridad en que vivimos", expuso. |