JUL 092025 El legislador abundó que esta propuesta busca poner un alto al negocio en el cual han convertido, desde la administración pública estatal, el requisito para diversos trámites. "Esta exigencia no tiene fundamento legal alguno, pero se ha convertido en una norma no escrita, una rutina dañina que es impuesta desde escritorios desconectados de la realidad con fines meramente recaudatorios", dijo. Insistió en que, además del costo, es complejo para muchas personas obtener un acta de nacimiento si no tienen acceso a la tecnología. "No podemos seguir tolerando esta práctica persistente que ha sido motivo de noticias, llamamientos y múltiples frustraciones entre la ciudadanía", afirmó. Por ello, en específico, la iniciativa propone tipificar como delito, en una modalidad del abuso de autoridad, la exigencia en el servicio público de la vigencia determinada en las actas del estado civil de las personas, a excepción de que esté expresamente previsto por la ley o reglamento. "La sanción no solo tiene un fin punitivo, sino también preventivo. Consiste en enviar un mensaje firme a quienes ejercen funciones públicas, recordándoles que esa noble labor no consiste en imponer más tributos a la ciudadanía, sino en servir con apego al derecho y la legalidad", indicó. El diputado priista finalmente comentó que esta reforma no debe verse solo como un castigo al funcionario, sino como un acto de defensa a la ciudadanía. Los diputados Adriana Campos, Hugo Rangel, Teresita de Jesús Herrera, Eréndira Isauro, Juan Carlos Barragán, Conrado Paz y David Martínez, se sumaron a la iniciativa del también dirigente estatal del PRI. |
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