OCT 092025 Aseguran contar con testigos presenciales están dispuestos a declarar para colaborar en la carpeta de investigación que conformará la Fiscalía General del Estado (FGE). Testigos locales afirmaron que una camioneta oficial, con personal del propio Ayuntamiento de Paracho, arrojó el veneno para que fuera ingerido por decenas de perros en situación de calle. Alrededor de las 3 de la madrugada, las mismas unidades municipales —bajo la administración de Salvador Martínez Gutiérrez— regresaron para recoger los cuerpos y desaparecer la evidencia. El ciudadano Luis Daniel Godínez, habitante de Paracho, relató que esa noche salió a pasear con sus perros y encontró "una escena de horror", al ver decenas de animales agonizando. Intentó auxiliar a los sobrevivientes, pero en esa acción, Luis Daniel se convirtió en víctima, una de sus perritas, Nala, murió tras ingerir el veneno. "Ha sido uno de los actos más crueles que he visto en mi vida. Exijo justicia por mi perrita Nala", expresó. Por su parte, Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo D.A.R.A.M.O.R. Rescatistas Independientes de Michoacán, lamentó que el municipio, encabezado por Martínez Gutiérrez, mantenga el envenenamiento como política de control poblacional, ya que son constantes los reportes que se reciben en dicho municipio. Aseguró que los reportes de muertes masivas de animales se han incrementado desde la llegada del político emanado del extinto Partido Encuentro Solidario (PES), y denunció que nunca ha existido en la localidad campañas de esterilización o acciones de bienestar animal. Maribel Arreola Gallardo, del equipo jurídico del Comité Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), recordó que el Artículo 309 del Código Penal del Estado sanciona la crueldad animal con prisión y multa. Criticó la omisión del Gobierno de Paracho, cuya inacción "normaliza la violencia y transmite a las nuevas generaciones la idea de que la crueldad puede quedar impune". El CEAM y colectivos animalistas locales como Promotoras de la Dignidad Animal Paracho, exhortaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a conducirse con imparcialidad, objetividad y rigor legal. "La confianza en la justicia depende de su capacidad para actuar frente a hechos tan atroces", sostuvieron. Finalmente, reconocieron la disposición del Gobierno Estatal y de Carlos Torres Piña ante el tema del maltrato animal, e insistieron en que "en Michoacán, la crueldad animal no debe ser tolerada". |
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