DIC 102025 Durante un conversatorio en el TAAM, realizado a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el Pleno habló de los retos por cumplir y de la apuesta por colocar la impartición de la justicia administrativa michoacana a la vanguardia nacional, a fin de avanzar en el combate a un fenómeno cuyo costo en 2024 se estimó en más de 11 mil 900 millones de pesos en el país. La magistrada presidenta, Lizett Puebla Solórzano, subrayó el compromiso por seguir fortaleciendo al TAAM, una "pieza fundamental en el combate y lucha contra la corrupción en el estado", mediante acciones de capacitación y profesionalización continuas, por lo que llamó a las y los integrantes de este organismo autónomo, a trabajar "por una impartición de la justicia administrativa con calidad, para que sigamos en la vanguardia de los tribunales administrativos de México". Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, "para que haya tribunales que garanticen impartición de justicia objetiva y libre de corrupción, deben existir respeto al debido proceso, la debida motivación y fundamentación y, la garantía de que existan plazos razonables dentro de los juicios pues, a mayor tiempo, mayor probabilidad de que se presenten actos de corrupción en los órganos jurisdiccionales", expuso la doctora Puebla Solórzano. La magistrada Swany Peña Reyes, titular de la Primera Sala, se pronunció por atender los retos primordiales para la justicia administrativa: "Juzgar con perspectiva transformadora"; es decir, con enfoque de género y derechos humanos, sin sesgos cognitivos; "Accesibilidad y justicia abierta", de forma que las resoluciones sean comprensibles, cercanas y transparentes para litigantes y ciudadanía; "Prevención de desigualdades estructurales", desde la propia administración de justicia; y, entre otros: "Una cultura ética y con responsabilidad institucional", de forma que el combate a la corrupción tenga un efecto directo en la integridad pública, indicó. A su vez, el magistrado Carlos Enrique Verduzco Hurtado –titular de la Tercera Sala– habló sobre "construir una visión contra la corrupción de manera comunitaria", a fin de que los recursos, el conocimiento y la experiencia sean compartidas, para combatir un fenómeno que pareciera "parte de la naturaleza humana", por lo que su combate es algo más que complejo. "La dinámica anticorrupción no debería ser solo un esquema de cómo abatir de manera fulminante. Debe ser un constructo social que empiece a gestarse desde la casa, se fortalezca con la educación y desemboque en nuevas dinámicas sociales", expuso. El titular de la Cuarta Sala, magistrado Sergio Martínez Ocampo, destacó la existencia de un marco jurídico robusto para combatir la corrupción, que requiere no sólo una aplicación rigurosa y fundada, sino también una postura crítica de las personas servidoras públicas pues: "Los controles constitucionales para abatir la problemática existen, y nos toca aplicarlos. Pero ello no nos exime de cometer actos irregulares", indicó el magistrado, y más tarde adelantó que, en esa lógica, el TAAM ya trabaja para proponer una reforma al Código de Justicia Administrativa, con objeto de que la lucha anticorrupción en Michoacán tenga "las mejores herramientas jurídicas posibles". Al cierre, la magistrada Azucena Marín Correa, quien dirige la Cuarta Sala del TAAM, habló sobre la condición de las leyes, preguntándose si éstas pueden ser "realmente, congruentes con la justicia", y el reto de las personas juzgadoras por resolver "más allá", con una perspectiva ética. Contra la impunidad en que a veces derivan los procedimientos jurisdiccionales, "nuestro reto es ser íntegros, como un ejército de iguales que tiene una línea muy clara y congruente con la ética y la justicia… En el TAAM estamos creciendo, acercamos la justicia administrativa a las personas, pero podemos hacer más: No se trata de cambiar el rumbo, sino de enderezarlo para darle oportunidad a las actuales y futuras generaciones de que puedan hacer las cosas con honestidad", afirmó. |
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