ABR 112020 La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso en contra de ocho hombres y una mujer, por su posible relación en el secuestro y homicidio de una comerciante, ocurrido el pasado 25 de marzo, en el municipio de Uruapan. Se trata de, Eduardo M., Miguel J., José P., Génesis C., Juan B., Luis C., Gustavo B., Hugo Z., y Martín A., quienes de acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el día en cita, privaron de la libertad a la víctima, momento en el que salía de su negocio ubicado en el municipio ya mencionado, para después trasladarla a bordo de un vehículo Chevrolet, línea Sonic, color blanco, a una vivienda de la colonia Colorín Norte, en donde la mantuvieron en cautiverio. Posteriormente los imputados se comunicaron con la familia de la agraviada para exigir una importante suma de dinero en efectivo a cambio de respetar su vida, por lo que acordaron el pago de una determinada cantidad, el cuál fue realizado el día 27 de marzo; sin embargo, los imputados continuaron realizando exigencias económicas, hechos que fueron denunciados ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que dio inicio a las investigaciones respectivas. El 29 de marzo, personal de la institución llevó a cabo actuaciones con relación al cadáver de una mujer, el cual, una vez que realizaron las pruebas periciales pertinentes, se confirmó que se trataba del de la comerciante. Por lo anterior y al continuar con las investigaciones, se logró conocer la identidad y posible participación de Eduardo M., Miguel J., José P., Génesis C., Juan B., Luis C., Gustavo B., Hugo Z., y Martín A., en los hechos, por lo que el Ministerio Público presentó ante el Juez los datos de prueba recabados durante las diligencias y solicitó orden de aprehensión, misma que fue concedida y cumplimentada. En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso, al encontrar elementos concluyentes de su posible participación, por lo que fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación. |
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