ABR 222019 En la Sala de oralidad que tiene como sede el Centro de Justicia Integral para Mujeres (CJIM), López Solís agradeció al Poder Judicial del Estado, en particular a su presidente, el magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, su interés de cumplir con el compromiso de implementar acciones para brindar atención integral, ágil y oportuna a las mujeres víctimas de violencia de género. Ante magistrados, jueces e integrantes del Consejo de Poder Judicial, así como de personal del CJIM, el Fiscal General puntualizó que durante el último año, se atendió a 10 mil personas y se brindaron 25 mil servicios, por lo que, en el ánimo de fortalecer la atención especializada como la que otorga actualmente dicho Centro y tener mayor capacidad de respuesta a las exigencias de servicios, se iniciarán las gestiones para replicar este modelo - en una primera etapa-, en las ciudades de Uruapan y Zamora. Ante la directora del CJIM, Janeth Martínez Mondragón y de la juez titular del órgano jurisdiccional que se inauguró, Griselda Mejía Chimal, López Solís refrendó el compromiso de la Fiscalía, como órgano constitucional autónomo, de trabajar de forma conjunta con los Poderes del Estado, en este caso con el Judicial y con los diversos órdenes de Gobierno, para juntos combatir la impunidad y otorgar la justicia que la sociedad demanda. El Fiscal hizo hincapié en que las mujeres del Estado, en particular aquellas que enfrentan algún tipo de violencia por razón de género, deben saber que "contamos con protocolos de actuación para garantizar el acceso a la justicia y la atención que merecen, estamos seguros que mientras más víctimas acudan a la Fiscalía y sus áreas, tendremos más elementos para juntos garantizar la seguridad física, jurídica y social de las michoacanas", puntualizó. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Héctor Octavio Morales Juárez, asentó que resulta inadmisible la violencia hacia la mujer en sus diversas manifestaciones y reiteró su compromiso de implementar las acciones que sean necesarias para garantizar el derecho constitucional de impartir justicia e implementar medidas de protección hacia este sector. |
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