El llamado bullying, o acoso sistemático, dejó hace tiempo de ser una simple "broma entre compañeros". Hoy es considerado un problema de salud pública, psicológica y educativa. En México, el fenómeno ha alcanzado niveles preocupantes tanto en escuelas públicas y privadas como en centros laborales, donde el acoso adquiere formas más sofisticadas pero igualmente destructivas.

La palabra bullying proviene del inglés bully, que significa abusador o intimidante. Se define como una conducta repetitiva de agresión física, verbal, psicológica o digital ejercida por una persona o grupo contra alguien percibido como vulnerable. El fenómeno no es nuevo. Históricamente ha existido desde los antiguos internados militares europeos del siglo XIX, donde las jerarquías violentas eran vistas como parte "natural" de la disciplina. Más tarde, durante el siglo XX, psicólogos escandinavos comenzaron a estudiarlo formalmente tras varios suicidios de adolescentes relacionados con acoso escolar.

En México, durante décadas el problema fue minimizado bajo frases como "así se forman los hombres" o "debe aprender a defenderse". Esa normalización permitió que el acoso creciera silenciosamente.

Actualmente el bullying incluye humillaciones, exclusión social, violencia física, difusión de fotografías, insultos por apariencia física, color de piel, orientación sexual, pobreza o incluso gustos musicales. El llamado ciberbullying ha agravado el problema porque el acoso ya no termina al salir de la escuela.

Estudios recientes muestran un incremento alarmante de casos. En la Ciudad de México, los reportes de bullying aumentaron más de 200% respecto a 2019, especialmente en secundaria. Asimismo, encuestas nacionales señalan que cerca del 28% de estudiantes mexicanos reconoce haber sufrido algún tipo de acoso relacionado con apariencia física, peso o forma de vestir.

El perfil del acosador suele compartir ciertas características: necesidad patológica de dominio, baja empatía, antecedentes familiares violentos, frustración emocional y deseo de reconocimiento social. Muchos agresores crecieron en ambientes donde la humillación era considerada normal. Pero lo realmente grave es que en muchos casos existe un componente narcisista: disfrutan exhibir poder frente a un grupo.

Sin embargo, el bullying rara vez es obra de un solo individuo. Existe también el "espectador cómplice": compañeros, maestros o autoridades que observan el abuso y no intervienen. Esa omisión legitima la agresión.

En el ámbito laboral ocurre algo similar bajo el nombre de mobbing. Ahí el acoso incluye humillaciones públicas, aislamiento, sabotaje profesional, sobrecarga de trabajo o campañas de desprestigio. El objetivo suele ser provocar la renuncia de la víctima o destruir psicológicamente a un subordinado incómodo.

Las consecuencias del bullying son profundas. Las víctimas presentan mayor riesgo de ansiedad, depresión, insomnio, abuso de sustancias, bajo rendimiento escolar y suicidio. Investigaciones internacionales han demostrado una fuerte relación entre acoso prolongado y trastorno de estrés postraumático. En México, algunos casos recientes han terminado en hospitalizaciones graves y abandono escolar.

La diferencia entre escuelas públicas y privadas no es tan amplia como suele creerse. En escuelas públicas predominan agresiones físicas y violencia grupal vinculada a entornos sociales conflictivos. En colegios privados suelen aparecer formas más sofisticadas de exclusión, humillación psicológica y ciberacoso relacionado con estatus económico o apariencia. El problema existe en ambos sistemas; cambia solamente la forma.

El problema se agrava cuando la escuela teme afectar su reputación. Algunos colegios privados prefieren ocultar casos graves para evitar escándalos o pérdida de matrícula. En escuelas públicas, muchas veces la saturación administrativa, la falta de personal psicológico y la desorganización institucional favorecen la omisión. En ambos casos, el resultado es el mismo: la víctima queda desprotegida.

Existen además casos especialmente preocupantes donde el propio docente participa indirectamente en la humillación. Algunos maestros ridiculizan alumnos frente al grupo, hacen comentarios sobre apariencia física, nivel económico o capacidad intelectual, o permiten apodos ofensivos dentro del aula. Cuando la figura de autoridad normaliza la humillación, el grupo entiende que el abuso es aceptable.

Corregir esta situación exige medidas severas y permanentes. Primero, cada escuela debería contar con protocolos obligatorios de denuncia anónima y atención inmediata. Segundo, el agresor debe recibir sanciones progresivas: suspensión, terapia psicológica obligatoria, trabajo comunitario y, en casos de reincidencia expulsión definitiva y reporte a las autoridades.

Pero las sanciones no deben limitarse al estudiante agresor. Los maestros y directivos que ignoren denuncias comprobadas deberían enfrentar responsabilidades administrativas e incluso penales cuando exista negligencia grave. Un docente que permite agresiones repetidas deja de ser educador y se convierte en encubridor.

Si el fenómeno continúa expandiéndose, México enfrentará generaciones más violentas, resentidas y emocionalmente dañadas. Una sociedad acostumbrada a humillar al débil termina normalizando otras formas de violencia: corrupción, abuso de poder, crimen y autoritarismo.



Alejandro Vázquez Cárdenas