A tres meses de que las magistradas y los magistrados del nuevo Poder Judicial de Michoacán asumieran sus funciones, el trabajo desarrollado en la segunda instancia refleja avances significativos en la atención y resolución de los asuntos jurisdiccionales, aun cuando las salas iniciaron actividades de manera escalonada en las distintas regiones del estado, al corte del 18 de diciembre las Salas Colegiadas Civiles de las siete regiones —Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro— han resuelto, de manera colegiada y unitaria, un total de 1,512 asuntos, mientras que las Salas Unitarias Penales registran 666 asuntos resueltos.
De tal manera que, en la materia civil se registra un incremento de resoluciones de 160% más y en materia penal de 73% más, estos resultados se han alcanzado a partir del esfuerzo continuo de las magistradas y los magistrados, quienes asumieron el cargo el pasado 15 de septiembre de 2025 y comenzaron funciones en las salas conforme se realizaron los ajustes administrativos necesarios para su operación.
El inicio de funciones se dio de manera gradual: el 22 de septiembre comenzaron actividades la Primera y Segunda Sala Civil Colegiada de Morelia, así como la Primera y Segunda Sala Unitaria Penal de Morelia; el 24 de septiembre, las salas de Uruapan; el 6 de octubre, las salas de Zamora; el 16 de octubre, las salas de Zitácuaro; el 23 de octubre, las salas de Apatzingán y la Sala Unitaria Penal de La Piedad; el 4 de noviembre, las salas de Lázaro Cárdenas; y finalmente, el 14 de noviembre, la Sala Colegiada Civil de La Piedad.
A pesar de este inicio diferenciado, las salas de segunda instancia han mantenido un ritmo constante de trabajo, priorizando el análisis y resolución de los asuntos turnados, en apego a los principios de legalidad, imparcialidad y certeza jurídica.
Con estos resultados, el Poder Judicial de Michoacán reconoce la labor y compromiso de las magistradas y los magistrados, quienes desde el inicio de su encargo han contribuido al fortalecimiento de la función jurisdiccional y a la consolidación de una justicia más eficiente en beneficio de las personas justiciables.