ABR 102019 Esta Comisión señala que el desplazamiento forzado de personas es una violación a los derechos humanos y se traduce en violaciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública; pero además conlleva violación a otros derechos como a la propiedad privada y al domicilio, cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados. Este organismo advierte con preocupación el hecho que desde el inicio de este año, según reportes periodístico; se ha recrudecido la violencia, particularmente en la región de la Tierra Caliente, en donde el miedo, la zozobra, la incertidumbre e inseguridad han orillado a algunas familias a desplazarse de manera interna, para resguardarse del clima de inseguridad. Ante este escenario la CEDH urge al Estado mexicano a atender a la brevedad esta situación, a fin de restablecer las garantías de seguridad y legalidad y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas que están siendo afectadas por el clima de violencia. Tal es el caso particular de las comunidades de Ordeñitas y Maravatío, del municipio de Parácuaro, en donde, según se dio cuenta en medios nacionales y estatales, familias enteras han abandonado la población ante el temor de los constantes enfrentamientos armados en la zona. Este organismo indica que es una responsabilidad del gobierno en turno, atender, proteger y asistir a estas personas, que son víctimas de desplazamiento forzado y vulneradas en sus derechos, para garantizar su seguridad y proveerles de lo necesario. El Ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, instruyó al personal de las seis Visitadurías Regionales, particularmente de la que se ubica en Apatzingán, para que se mantengan atentos a este fenómeno y en los casos en que personas se acerquen a busca el cobijo de la institución se les de la orientación y asesoría que cada caso requiera. |
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